La plata provenía de delitos como trata de personas y narcotráfico, y era manejada por una organización criminal, que contaba con la complicidad de un fiscal federal y un comandante de Gendarmería. Esos fondos, calculados en más de $ 23.000.000 se obtenían en tres prostíbulos y un hotel; también se originaban en el tráfico de marihuana. Y para desfigurar su procedencia se cambiaban los pesos a reales y luego a dólares, que terminaban en la financiera Dakota Group, en Tucumán al 300 en la ciudad de Buenos Aires.

Después esos fondos se utilizaban en la adquisición de vehículos de alta gama e inmuebles. La Justicia detectó 77 autos, camionetas, motos y lanchas que se compraron con el dinero de procedencia ilegal originado en la explotación sexual de 18 mujeres -algunas de ellas menores brasileñas-, que estaban esclavizadas en tres prostíbulos y un motel en Paso de los Libres. 


La jueza inició una causa contra Colombi.


En esa ciudad correntina tenía la base de operaciones la organización liderada por Pablo Marsilli, Héctor Gavarone y Ricardo Aguirre. El grupo funcionaba bajo la protección -y sociedad- del ex fiscal Benito Pont y su cuñado, el ex comandante de Gendarmería, José María Viero. 
La punta del ovillo de esta compleja trama en la que se cruzan la trata de personas, la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero apareció en una serie de causas que investiga el fiscal de Corrientes Carlos Schaefer y que están a cargo de la jueza de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo. La magistrada, para abordar esta supuesta red de complicidades, abrió una causa paralela para investigar al gobernador correntino, Ricardo Colombi, por supuesto tráfico de influencias, a partir de una escucha telefónica que se registró entre el mandatario y uno de los procesados, el ex comandante Viero. 

En la conversación que Colombi tiene con el ex gendarme (de la que se informa por separado) hablan sobre quién ocupará la vacante del juzgado federal de Paso de los Libres, en el que luego asumió Pozzer Penzo. En ese juzgado había una causa por enriquecimiento ilícito que complicaba al gobernador desde 2008. En mayo de 2016, un peritaje de la Gendarmería detectó que las computadoras del juzgado estaban hackeadas.

Cada vez que alguien hacía una denuncia o se ordenaba un allanamiento, quienes tenían control de esas máquinas sabían cómo anticiparse. El informe de esa fuerza detectó 31.300 hackeos en las PC de las oficinas de ese fuero. El 31 de mayo pasado, el fiscal federal Benito Pont presentó su renuncia, que fue aceptada por la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, para poder cobrar la jubilación, a pesar de que estaba imputado de formar parte y encubrir a una red de trata en Paso de los Libres, donde se desempeñaba como funcionario del Ministerio Público. A principios de septiembre pasado, la jueza federal Pozzer Penzo lo procesó junto con 17 personas y le trabó un embargo por 23.000.000 de pesos, como habían pedido los fiscales Schaefer, Mirian Benítez y Fabián Martínez y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. 

Causa paralela 

Se abrió, además, otra causa por lavado de dinero, en la que están involucrados varios empresarios de la zona. La Policía de Seguridad Aeroportuaria inició una investigación el 6 de abril pasado, cuando obtuvo información de que el grupo liderado por Héctor Garavone, Pablo y Héctor Marsilli, Jorge "Coco" Castro Gentil y Ricardo Gustavo Aguirre ponía en circulación los activos ilícitos. La semana pasada, la magistrada de Paso de los Libres procesó a 11 personas, entre las que se encuentran los máximos referentes, por supuesto lavado de activos. Los sospechosos habían creado las firmas Gabac SRL -de recapado de Neumáticos-, Awkward Transportes Limitada -de transporte de cargas-, Marga SRL -dedicada a servicios integrales, asesoramiento, exportación e importación de mercaderías y estibaje-, HCV-RCM SRL -de gestión logística- y la agencia Aguirre Automotores, que integraba la firma Gusmar SRL, a través de las cuales introducían en el mercado legal los activos generados por la trata de personas. Los imputados, junto a María Cleila Spada, David Osmar Loza, Eduardo Matías Bravo y Leonel Elías Zappa, integran una organización que trasladaba pesos argentinos a la ciudad brasileña de Uruguayana, donde los cambiaban por reales y luego por dólares, para luego llevarlos a la financiera de Fernando Marticorena, Dakota Group, que funciona en la ciudad de Buenos Aires, donde nuevamente eran cambiados por otras divisas. Estas maniobras se realizaban para encubrir a través de inversiones el origen ilícito de los activos. 

Rematarán el motel usado para esclavizar mujeres

Entre los bienes decomisados a grupos de narcotraficantes y redes de trata de personas que fueron dispuestos este mes por el Gobierno para ser rematados figura el motel Momentos, ubicado en el kilómetro 7,5 de la ruta nacional 117, en Paso de los Libres. Ese lugar quedó involucrado en causas judiciales desde 2011 y en un caso se llegó a sentencia firme, por lo que se decidió su colocación en una subasta pública. El motel también era utilizado por la organización que este año lavaba dinero en una financiera porteña.

Germán de los Santos/La Nación