"El grado de penetración de organizaciones delictivas es alarmante en Corrientes", advirtió la diputada nacional Elisa Carrió en una carta que envió a la Cámara Federal de esa provincia. En ella le pidió al presidente de ese tribunal, Ramón González, que "aparte" al secretario del juzgado federal de Paso de los Libres, José Luis Mora y Araujo.

Carrió afirma que ese funcionario y su tío, el ex diputado nacional Rodolfo Martínez Llano, "tendrían objetivos espurios e ilegales vinculados al narcotráfico y la trata de personas, y garantizarían la impunidad de las organizaciones criminales".

La misiva que la legisladora le envió al titular de la Cámara Federal surgió a raíz de una serie de investigaciones en el juzgado federal de Paso de los Libres, que descubrió una organización que se dedicaba a la trata de personas y el narcotráfico en esa zona fronteriza con Brasil.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo procesó a 18 personas por trata y explotación de mujeres en la causa 7789/2015, entre las que se encontraban el ex fiscal federal Benito Pont y el ex comandante de Gendarmería José María Viero, a quien se le abrió otra investigación junto con el gobernador correntino, Ricardo Colombi, por presunto tráfico de influencias.

En esa escucha telefónica se registró una conversación en la que hablan de la vacante a ocupar en el juzgado federal de Paso de los Libres, donde el mandatario enfrenta dos causas por enriquecimiento ilícito. La jueza Pozzer Penzo subroga actualmente ese cargo.

En mayo de 2016, un peritaje de la Gendarmería detectó que las computadoras del juzgado estaban hackeadas. Cada vez que alguien hacía una denuncia o se ordenaba un allanamiento, del otro lado sabían cómo anticiparse. El informe de esa fuerza detectó 31.300 hackeos en las PC de las oficinas de ese fuero.

Carrió relató que en el juicio de la "causa de los narcoaviones" uno de los imputados -Florentino Niemiz, condenado a 20 años de prisión- declaró que le habían pedido 350.000 dólares a cambio de su libertad. "Niemiz involucró directamente al secretario del juzgado, al ex diputado Martínez Llano y al ex fiscal Benito Pont", apuntó Carrió.

Lo "extraño" es que dos expedientes en los que testigos y arrepentidos mencionaban a funcionarios políticos y judiciales se "traspapelaron" entre el 29 de mayo de 2014 y el 26 de noviembre de 2016.

Entre lo que se "extravió" en el juzgado de Paso de los Libres figuraba una escucha telefónica que comprometía al gobernador cuando habla con el ex comandante Viero, procesado por trata de personas.

Hace tres semanas fue procesado Pablo Molina, secretario penal Nº 2 del juzgado federal de Corrientes a cargo de Carlos Soto Dávila, que también está bajo la lupa por su desempeño en causas de narcotráfico.

Molina, quien pidió licencia unos días antes del procesamiento que le dictó el juez federal Carlos Vallejos, está imputado por falsificar firmas y alterar trámites para beneficiar con la devolución de dos autos de alta gama a un empresario detenido por lavado de dinero y narcotráfico.

El desempeño del juzgado correntino, que tiene jurisdicción sobre una zona caliente del narcotráfico fronteriza con Paraguay, carga con duros cuestionamientos desde principios de este año, cuando la Procuración de Narcotráfico (Procunar) comenzó a cruzar información de 13 expedientes -que nunca fueron investigados de forma integral por el magistrado- que tenían como denominador común la banda narco que actuaba en Itatí, donde fue detenido el intendente Roger Natividad Terán, entre otros.

En junio pasado la fiscalía elaboró un duro informe en el que involucraba a Soto Dávila y otros empleados judiciales en un caso de supuestas coimas para beneficiar a personas vinculadas al narcotráfico a partir de escuchas telefónicas que el juez federal Nº 12 Sergio Torres transcribió en el procesamiento de 28 detenidos en la causa de Itatí.

En una de esas escuchas se refiere que habrían pagado una suma millonaria para que Soto Dávila liberara a un acusado, identificado como "Cachito Bareiro", de Itatí, detenido hace varios años por narcotráfico.

"Bareiro pagó un millón y medio de pesos al juez que estaba de turno en esa oportunidad, Soto Dávila, por su libertad. Eso fue para que no se hiciera efectiva la captura que pesaba sobre el mismo? se escuchó que un allegado del juez fue a cenar al domicilio de Bareiro para ir a buscar la plata. Que el secretario del juez, un tal Molina, se encargaba de hacer las transacciones. O sea, hacía de intermediario del juez para estas cuestiones", señala el expediente.

Ante este contexto, la megacausa de Itatí no fue investigada en Corrientes sino a 900 kilómetros de allí, en los tribunales de Comodoro Py. Gravitó la desconfianza que le tenían los investigadores a Soto Dávila.
F: La Nación